La indefension de los comerciantes

 

Una de las conquistas  más importantes en la lucha por la dignidad humana es el derecho a la defensa. De manera sencilla se puede definir como, el derecho que tiene todo hombre a  no ser privado de sus bienes sin que previamente se  le instruya un procedimiento, donde tenga la oportunidad de defenderse, alegando, probando y apelando de las decisiones que se dicten en su contra. Esto, está establecido en todas las Constituciones modernas, sin embrago, una cosa dicen la letra de la ley y otra cosa es lo que hacen los hombres. De esto se pueden citar muchos ejemplos y, entre nosotros, tal vez los más evidentes sean los operativos contra la llamada “guerra económica” que realizan funcionarios administrativos del gobierno en los comercios.

Por experiencia directa, e información obtenida por los medios de comunicación, he observado que en un solo acto, se realiza una inspección, se impone una sanción e inclusive, se ordena la venta de bienes sin la apertura de un procedimiento previo; otra cosa que hay que destacar por su gravedad, es que, muchas veces, ni siquiera se permite la intervención de abogados que en nombre del ejecutado controlen la legalidad del procedimiento.

Lo anterior atenta claramente contra lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que  dice textualmente: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso...”

Aunque cueste creerlo, lo que establece el citado artículo 49 de Constitución Nacional, se cumplía cabalmente en tiempos de la Cuarta República con la Ley de Protección al Consumidor.  En aquellos días, al igual que ahora, los fiscales visitaban los comercios y,  si detectaban infracciones, levantaban un acta de apertura de un procedimiento que podía terminar con la aplicación de multas, cierre temporal,  e inclusive, el pase a la jurisdicción penal. Pero esto no se aplicaba automáticamente en el mismo acto, sino que el comerciante imputado tenía un lapso para acudir ante la oficina competente que se encontraba ubicada en San Félix,  para presentar descargos y probar antes de la decisión definitiva. No había impunidad y se cumplía con el debido proceso. Hoy, lamentablemente, la cosa no es así,  para perjuicio de todos, porque acabar con el comercio, es acabar con una de las principales actividades creadora de fuentes de trabajo y distribución de bienes.

Si bien es cierto que hay especuladores que perjudican al consumidor y deben ser sancionados, también hay que decir que el comercio esta injustamente satanizado y no se le reconoce la indiscutible función social que cumple en beneficio de la sociedad, cuando se ejerce de manera honesta como ocurre la mayoría de los casos. Además, si hay una actividad que está rigurosamente fiscalizada esta es la mercantil; para que una empresa funcione, tiene que contar con un equipo que se encargue de atender fiscalizaciones de: Seniat, Alcaldías, Ministerio Trabajo, IVSS, Ince,  Inpsasel, Sundee, Sencamer, Sapi, Banavih, Fondo Nacional del Deporte, Fonacit, Fona, Sanidad, Bomberos, etc. Y para colmo,  ahora se corre el riesgo de sufrir el atropello de estas actuaciones arbitrarias, que de la noche a la mañana pueden dejar a cualquiera prácticamente en la ruina, sin derecho a defenderse como establece la ley.

Creo que el gremio que agrupa a los comerciantes debe de asumir de manera contundente la defensa de sus agremiados, exigiendo el cumplimiento de un debido procesos en las fiscalizaciones, porque en este momento lo que está en riesgo no es solo el patrimonio de una u otra persona, sino la actividad mercantil en su conjunto. Y  en esto también tiene que colaborar el Estado, tal y como se lo ordena el artículo 299 de la Constitución.

Si se quiere  recuperar la confianza y el regreso de las inversiones, hay que dejarse de discursos y promesas y garantizar la seguridad jurídica con el cumplimiento estricto  las leyes, evitando las arbitrariedades y los abusos de autoridad.

Hoy, cuando la convivencia pacífica parece un anhelo difícil de alcanzar, hay que recordar la frase de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y los comerciantes también tienen derechos. (twitter @zaqueoo)