El pasado domingo, en un conocido programa de opinión se
dijo que las masacres que se producen en las cárceles son culpa del retardo
procesal en que incurren los jueces cuando no deciden oportunamente los juicios y los reclusos se quedan allí varados,
expuestos a los peligros de la vida
carcelaria. Esta afirmación causó un rechazo inmediato, porque es difícil
pretender explicar lo que pasa en los recintos penitenciarios echándole la culpa solo a los jueces. El
problema carcelario tiene diferentes causas, y ninguna de ellas puede servir
para justificar las indignas condiciones
de vida que sufre los presos y mucho menos su muerte.
El problema de la justicia tardía es tan viejo como el
derecho. La ciencia jurídica está llena de máximas que pregonan la importancia de la decisión oportuna, y la historia es testigo de innumerables casos
en que la sentencia justa, se convierte
en injusta cuando llega tarde; cosa que
hoy en día se agrava porque la velocidad de la vida del hombre contemporáneo,
no acepta la espera interminable por un mañana
que tal vez nunca llegará.
Este asunto, fue tema de conversación en los pasillos de los
tribunales, donde los abogados ven como se agrava el problema que denuncia el
periodista en su programa de opinión. Decía un circunstante que, si no se toman
medidas urgentes, la administración de justicia se va a paralizar, porque
además de los problemas tradicionales, “a los tribunales los agarró la crisis
del país y la cosa no es solo de flojera, sino de escasez recursos.”
En la “conversa” se
llegó a plantear la duda de si el Estado tiene la capacidad suficiente para
manejar la administración de justicia, que indiscutiblemente es una de sus
funciones principales, que parece habérsele escapado de las manos al igual que
la prestación de otros servicios públicos.
Ahora bien, centrándonos en el meollo de la
cuestión, ¿por qué se produce el retardo procesal? Es fácil opinar desde
afuera, limitándose a informaciones mediáticas que muchas veces se quedan al
nivel de chisme o habladuría que desconoce la realidad. Es indiscutible el
retado procesal que existe en Venezuela, que en ocasiones constituye una incuestionable
denegación de justicia, pero esto debe
analizarse en detalle, para no caer en el pecado de la “globalización de la
superficialidad contemporánea” que solo tiene ideas de titulares twitter, Facebook o Instagram.
Voy a comenzar por lo que comentaba anteriormente de la
conversación de pasillo. Los tribunales no tienen recursos suficientes para
funcionar adecuadamente: hasta lo más básico como es el papel o la tinta escasea; el ambiente de trabajo no
es el mejor y a la crispación de los
justiciables se le suma el calor por falta de aire acondicionado, el deterioro
del mobiliario, la fallas en los equipos de computación etc.
A lo anterior hay que sumarle el problema de la diáspora por
el empobrecimiento. El personal tribunalicio al igual que el de las
universidades u otras instituciones renuncia y se va a buscar trabajo en otro lado, haciendo que los despachos
judiciales, pierdan recursos humanos importantísimos, sustituyéndose el
personal capacitado por otro que no
tiene la misma experiencia y comete errores que pagan los justiciables.
Otro asunto que pude atentar contra la celeridad procesal es
la lentitud sistemática: hay procesos que son indiscutiblemente lentos, como es el caso del juicio ordinario civil, que tiene una duración promedio exagerada y desproporcionada
en relación a lo que allí se reclama.
Como bien puede ver el lector, no es fácil establecer
responsabilidades por retardo procesal
porque hay que analizar las circunstancias del caso concreto y determinar, cuando estamos ante la
imposibilidad operativa que no permite trabajar mejor, o ante la conducta
culposa de los funcionarios que no cumplen su deber.
Pero hay algo que se
está produciendo y constituye una indiscutible situación de injusticia
imputable a los Jueces y demás funcionarios. Si el retardo procesal es
inevitable, tiene que ser inevitable para todos. Como bien establece el artículo 15 del Código
de Procedimiento Civil, los jueces deben mantener a las partes sin preferencia
ni desigualdades. Decía una abogada molesta que esperaba la entrega de un
expediente “Hay gente sortaria y gente empavada; hay abogados que todo les sale
a tiempo, y otros que tenemos que
esperar que al algún día nos acuerden
las cosas”.
Creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, hay que
ser comprensible con las situaciones en que se encuentra los tribunales y no
pedirles lo imposible. Pero a la gente hay que atenderla por “orden de llegada,
sin dejar que los vivos se coleen, como pasa en las colas de los Bancos o los
supermercados” porque aquí ya no se
puede justificar los tratos desiguales.
Conclusión, el Estado tiene que enfrentar el problema del
funcionamiento de la administración de justicia, con medidas eficaces que
garantice un servicio de calidad, porque
la gente exige resultados. Y los funcionarios tienen que repartir sus esfuerzos equitativamente, para
ganarse el respeto y erradicar la idea de que, “Solo hay retardo para el pobre, que lo único que lleva a los tribunales son
sus razones”. - (@zaqueoo)
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