La prueba de la propiedad inmobiliaria

A pesar de que hay norma expresa que no deja dudas al respecto, todavía a hay abogados y jueces que consideran que la propiedad de un inmueble se puede demostrar con documentos notariados. Para despejar dudas copio parcialmente  sentencia de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (9) días del mes de diciembre de dos mil once. (Exp. 2011-000431) 

CASACIÓN SIN REENVÍO

Dentro del estudio detenido respecto a las denuncias de infracción de ley delatada en el recurso de casación formalizado por el demandante, y las cuales han sido declarada procedente y da lugar a casar el fallo recurrido, esta Sala encuentra que están suficientemente establecidos los pormenores del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, que hace innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo, que atentaría con el principio de la utilidad casacionista y la celeridad jurídica y siendo que la materia objeto de la casación declarada, versa sobre hechos soberanamente establecidos, razones por demás suficientes para hacer uso de la facultad de casar sin reenvío el fallo cuestionado y corregir la infracción develada, en el sentido de que establecido como ha quedado que los documentos acompañados por los demandantes para demostrar la propiedad sobre el bien inmueble a reivindicar, son instrumentos auténticos, los cuales no son oponibles a los terceros ajenos a la relación jurídica vertida en ellos; mas, que el único instrumento posible de acreditar la propiedad sobre un bien inmueble, lo constituye el instrumento protocolizado ante la Oficina de Registro Público competente, todo lo cual conlleva a que no ha sido demostrada la propiedad del bien inmueble objeto de reivindicación en el presente asunto, por lo que en aplicación del artículo 548 del Código Civil, al no estar cumplido el primer requisito concurrente de procedencia de la acción reivindicatoria como lo es la propiedad del bien, trae como consecuencia la improcedencia de la misma, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se resuelve.

Retos de la Escuela de Derecho de UCAB - Guayana para la próxima década

Lección inaugural: año académico 2008 - 2009. Ciudad Guayana octubre  de 2008

Recuerdos de la primera década

Hablar de los retos de nuestra Escuela en una fecha tan importante, en que estamos cumpliendo diez años de nuestra fundación, nos obliga a dedicarle unas palabras a esos momentos del pasado que  forman nuestra historia y son el punto de apoyo de nuestro presente y la inspiración de nuestro futuro. La Escuela de Derecho de UCAB Guayana, nace en octubre de 1998, en un momento de mucha expectativa política y social: 1998 es un año  de importancia indiscutible en la historia contemporánea de nuestro país. Los acontecimientos de ese momento son el punto de partida de todo un proceso que todavía no termina  y que marca de manera especial estos últimos diez años.

En diciembre de 1998 se produce la llegada al poder del presidente Hugo Chávez, que como todos saben, no vino solo a ocupar un cargo por un período determinado, sino a impulsar un proceso de cambios que todavía está en marcha y cuyos resultados definitivos están por verse.  Podemos decir que, de manera casual la historia de UCAB Guayana coincide con la historia de la Revolución Bolivariana y, en consecuencia, hemos sido testigos en primera fila de todo el proceso constituyente, de los cambios jurídicos y conflictos políticos vividos durante estos años. En este ambiente, quienes tuvimos la responsabilidad de iniciar las actividades de la Escuela de Derecho, nos encontramos con una tarea que nos parecía gigantesca e inalcanzable, no se trataba solo buscar un grupo de profesores para dictar clases, sino  crear una Escuela a tono con las necesidades sociales, que en ese momento exigían una participación en aspectos públicos considerables y difíciles, inclusive para las grandes facultades de derecho nacionales. Si queremos utilizar una metáfora para ilustrar aquel momento, podemos decir que eran tiempos de “elevada taquicardia jurídica”, en que los acontecimientos no permitían la reflexión serena y pausada sobre el destino de la academia, porque la realidad marcaba otros ritmos

Pero a pesar de todo, salimos adelante y no podemos dejar de recordar con nostalgia y cierto humor aquel primer quinquenio: en el primer año profesores y alumnos eran nuevos, no había experiencia previa en que apoyarse;  a partir del segundo los nuevos era los profesores que se iban nombrado en la medida en que se abrían las secciones. No habían ambiente universitario y la participación de la comunidad universitaria en los grandes temas de actualidad, tenía que ser forzada desde las autoridades de las Escuela. Estábamos en una especie de niñez y adolescencia en que primero había que aprender a caminar para después poder correr.

Es muy importante destacar la crisis del 2003, cuando los acontecimientos políticos nacionales produjeron el cierre de la universidad por un periodo de tiempo significativo. Hoy a siete años vista, recuerdo aquellos hechos no como un aspecto negativo, sino como parte del crecimiento de la Escuela. En enero de 2003  las autoridades decidieron suspender las clases mientras duraba el conflicto político nacional. Un importante grupo de profesores y alumnos se rebeló en contra de esa decisión y tomó los portones de esta universidad realizando una manifestación que duró varios días y produjo una reacción del resto de la comunidad universitaria. La Escuela de Derecho fue tal vez la que más sufrió este conflicto: profesores y estudiante que mantenían excelentes relaciones se enfrentaron en virtud del desencuentro político. Surgieron duros debates sobre la forma de conducir la universidad. Inclusive, estudiantes de derecho intentaron una acción judicial contra las autoridades. En conclusión vivimos momentos difíciles que solo quiero recordarlos sin juzgarlos, pero destacando de ese episodio lo que realmente considero importante, y es que al pasar la tormenta, las actividades y las relaciones de los enfrentados se normalizaron de tal forma, que lo que pudo ser una herida incurable, fue más bien una especie de volapié en el impulso y desarrollo de nuestra escuela. Nos enseñó aquel acontecimiento que somos y tenemos que ser una escuela plural, donde deben tener cabida real todas las corrientes del pensamiento, compartiendo las diferencias y como decía san Agustín “aprendiendo a disentir sin odios”.

Superados aquellos sucesos del 2003 ese mismo año graduamos a nuestra primera promoción de abogados. De allí en adelante las cosas fueron diferentes. Este primer quinquenio que apretadamente acabo de resumir puede ser a futuro el periodo más interesante de nuestra historia: lo terminamos con un cuerpo docente consolidado, un equipo de proyección social, bien ensamblado y un grupo de graduados que hoy ocupan cargos importantes, ejercen la profesión con éxito e inclusive son profesores destacados de nuestra escuela.

En el periodo 2003 - 2008, avanzamos en la promoción de la discusión de los grandes temas de actualidad, El trabajo social comienza a cobrar más importancia hasta la implantación de la ley de servicio comunitario. Participamos activamente en discusión e implementación de la reforma del pensum de estudios que hoy es uno de los más modernos de las escuelas de derecho y, formamos parte de la aplicación del sistema de gestión de calidad. Paralelamente se desarrollaron todas las actividades extracurriculares donde se destacan como momentos estelares los repetidos éxitos deportivos y  las exitosas semanas de las escuelas.

Pero hablar de la Escuela sin dedicarles un capítulo especial a los estudiantes sería algo desconsiderado. Nuestro estudiantes tiene un periodo transitorio pero identificación infinita; los estudiantes solo están en la universidad el tiempo necesario para graduarse. Pero la experiencia nos enseña que su vinculación posterior se mantiene, desde diferentes lugares y actividades y lo más importante es el orgullo que manifiestan cuando se identifican como Ucabistas. En estos diez años la participación del estudiante de derecho en la vida universitaria ha evolucionado de una manera increíble. Los primeros tres años estuvieron marcados por una apatía preocupante, en los tres años siguientes se observa un tímido desertar hacia lo social y político, pero en los últimos años el avance en la participación ha sido vertiginoso. Debo destacar que la representación estudiantil  de derecho logró desplazar de los cargos de cogobierno a candidatos de la escuela de Caracas y durante dos años consecutivos representantes de Guayana ocuparon un puesto en el Consejo de Facultad. Inclusive provocaron un debate importante sobre la interpretación de los reglamentos de representación estudiantil, para hacer oír la voz del estudiante guayanés que, aunque no se logró  el éxito deseado, el conflicto se ha convertido en una especie de movimiento precursor  de la necesaria autonomía  de la UCAb Guayana.

En esta apretada  síntesis de estos primeros 10 años de actividad,  no he pretendido hablar de todos, ni nombrar a todos los que como su esfuerzo han contribuido a construir esta realidad. Simplemente he querido destacar que se cumplió una travesía orientada al cumplimiento de los valores esenciales del derecho, que coinciden en gran medida con los de la universidad. Que nos hemos equivocado, es verdad ¡quien no se equivoca en esta vida! Pero si quisiéramos presentar una especie de rendición de cuentas, estaríamos seguros de que lo positivo estará por encima de todo lo demás. Tenemos una escuela de la cual estamos orgullosos, y muy especialmente porque:

• Tratamos de ser fieles al espíritu humanista Católico de nuestra universidad sin dejarnos llevar por la modas que ahogan la verdadera esencia del derecho como es la dignidad del hombre

• Tratamos de no autocensurarnos evitando la participación en los debates más enconados de vida nacional. Nos podrán criticar por cualquier cosa pero no por ser indiferentes.

• Tratamos de trasmitir el valor de la solidaridad social y su sabiduría a través de los voluntariados y el servicio comunitario. Tenemos una deuda de aprendizaje con la filosofía del pobre que tiene mucho que enseñar sobre todo el coraje y la resistencia ante las adversidades de la vida

• Tratamos de mantener una observación constante en la actualización y aprendizaje de las nuevas corrientes del derecho para que nuestros egresados no sean solo técnicos en leyes sino juristas con profunda formación humana.

Esta es nuestra hoja de vida.  Juzgar el resultado no nos corresponde a nosotros ya que como abogados sabemos que nadie puede ser juez en su propia causa.

Retos de la Escuela de Derecho para la próxima década

Comenzamos este año académico y al igual que hace diez años iniciamos un nuevo camino lleno de ilusiones  muy preocupados por los nuevos retos. No  tenemos por delante la tarea de crear una escuela de derecho en tiempos de trasformaciones constituyentes y convulsiones políticas.  Ahora nos toca  responder a las exigencias que la sociedad hace a las escuelas  de derecho. Para abordar este tema me referiré a un párrafo de la  lectio brevis pronunciada por  nuestro rector el padre Luís Ugalde el pasado 3 de octubre

“Responsabilidad viene de responder y para responder primero hay que escuchar y entender la pregunta. La primera condición para ser responsable es que seamos una universidad consciente de que la sociedad tiene preguntas, tiene frustraciones, esperanzas y expectativas con respecto a sus universidades”

Siguiendo las ideas de este párrafo y el  espíritu de la lectio brevis orientada a la responsabilidad social universitaria. Voy a formular y responder tres preguntas  que constantemente me hacen desde diferentes sectores de la sociedad: ¿Para qué necesita la sociedad a las Escuelas de derecho? ¿Por qué las Escuelas de derecho no han sabido dar respuesta  a los graves problemas jurídicos que afronta la sociedad? ¿Cómo puede contribuir una escuela de derecho en la construcción de la Paz ciudadana y la armonía social?

¿Para que necesita  la sociedad  las Escuelas de Derecho?

 Hay una opinión  algo generalizada en el colectivo, en el sentido de que las escuelas de derecho no solo no son necesarias,  sino que son inconvenientes para el orden social, pues elevado número de abogados que gradúan en vez de contribuir a la solución de los problemas sociales lo que hacen es agravarlos, propiciando litigios inútiles y prolongando excesivamente los que deberían resolverse a la brevedad. Consideran los defensores de  esta idea, que la sociedad necesita médicos, ingenieros, economistas, es decir, gente que construya y no  gente que destruya. No le restemos importancia a quienes así piensan, porque uno de los errores en que incurrimos repetidamente es no oír las críticas  ni saber sacar provecho de ellas.  Lo que debemos destacar, es que una escuela de derecho es mucho más que una especie de tecnológico jurídico donde solo se trasmite el conocimiento de las leyes y la jurisprudencia. Una verdadera escuelas de derecho debe ser un centro educativo  trasmisor de los valores jurídicos más elevados y formador de juristas que se conviertan a futuro en trasformadores sociales mediante la promoción del derecho. Las Escuelas de derecho  han tenido muy “mala prensa” y no han sabido defenderse. Lo primero que debe hacer es  trasmitirle a la sociedad la importancia del derecho como base fundamental de una comunidad ordenada, justa y humana. Si no existe el derecho la sociedad se acaba, como poco a poco se está acabando, en la medida en que el ciudadano no entiende, que sin el derecho  no solo se rompe el acuerdo social  y, que si no existiera el derecho, dejaría de ser hombre  para  convertirse simplemente en un ser vivo que puede ser tratado a capricho.

¿Por que las Escuelas de Derecho no han dado respuesta adecuada a las necesidades sociales?

Sin caer en generalizaciones, creo que  podemos analizar tres situaciones.

1º Las escuelas de derecho se han preocupado más por trasmitir información sobre las normas, la jurisprudencia y la doctrina que por formar abogados conocedores en profundidad del fenómeno jurídico, que no se reduce solo al conocimiento de las normas, sino que debe ser complementado con a la observación de la realidad social e identificación de los  valores relevantes en una sociedad y en una época determinada

2º La enseñanza  sobre la justicia se ha banalizado, en el sentido que  en las clases, en los foros o discursos jurídicos o en los tribunales se exalta y elogia constantemente pero no se enseña a vivir la justicia. En efecto la justicia es un valor, pero no se trata solo de una idea que flota en la abstracción sin sustento real, sino que la justicia es también una virtud personal que debe ser ejercitada. Tanto el juez como el abogado o el ciudadano de a pie están en la obligaciones actuar conforme a la justicia y en este sentido el estudiante de derecho debe aprender a ejercer esta virtud. El día que cambien la idea de, enseñar la justicia, por impulsar la actuación justa  comenzaremos a cambiar muchas cosas.

3º desde el terreno de la filosofía y teoría del derecho se debe  revisar  el concepto de derecho subjetivo que se enseña en las Escuelas de derecho. Considera un importante sector del realismo jurídico, que mientras se siga considerando al derecho subjetivo como una simple facultad moral,  el verdadero derecho justo no llegará a las sociedades. En este sentido el derecho al trabajo no puede seguir encendiéndose como la facultad que tiene el ciudadano de dedicarse  al oficio o profesión que escoja como conveniente, sino a la posibilidad real de que pueda trabajar. En este sentido Javier Hervada considera  que hay que cambiar la concepción de derecho positivo de, facultad de actuar conforme al derecho objetivo,  a la posibilidad real de acceder a la cosa justa.

¿Como pueden contribuir las escuelas de derecho al desarrollo de la paz social?

Considerando que estamos hablando en primer término de centros educativos, la primera contribución de la escuela estará en la formación del jurista  que la sociedad necesita.  En la universidad hablamos de la formación integral y e n lo que se refiere al abogado consideramos que esta debe estar dirigida a tres aspectos que deben convertirse en los hábitos del buen abogado, intelectuales, técnicos y éticos

• Intelectuales el estudiante y futuro abogado debe ser un profundo estudioso conocedor de la ciencia jurídica que va a ejercer que va a ejercer...

• Técnicos  además de conocer la ciencia, el abogado debe dominar la práctica para la aplicación de los conocimientos en defensa de los interese que representa, no basta con saber mucho de derecho si no se sabe ejercerlo.

• Éticos. El aspecto más importante del abogado es el ético; de nada vale tener mucho conocimiento si no se sabe discernir sobre lo bueno y lo malo Decía Bolívar que “el talento sin probidad es un azote” El primer juez del pleito siempre es el abogado  que analiza si el cliente tiene razones legales  y jurídicas y este análisis no puede realizarse a cabalidad sin no se tiene una sólida formación ética

Hablamos de hábitos siguiendo la línea realista donde las acciones están por encima  de las palabras

En segundo término y desde un aspecto más general  consideramos que es acertada la idea de que hoy una sociedad justa es aquella que vela por el cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido, las escuelas de derecho deben estar comprometidas no solo con la difusión y enseñanza de los derechos humanos, sino con la vigilancia y defensa de los mismos. Deben cumplir  un papel más activo creado equipos dedicados hacer seguimiento al cumplimiento de los derecho fundamentales, estableciendo una forma de contraloría  institucional que  denuncie lo negativo, no solo para hacer que las instituciones funciones sino para evitar que la sociedad se acostumbre a las violaciones. De todo lo anterior podemos destacar tres retos de contenido general.

• La exaltación y promoción del derecho como instrumento insustituible de una sociedad justa

• Promover el ejercicio de la virtud de la justicia como conducta personal y profesional y cambiar el paradigma del derecho forma por el derecho real.

• Comprometerse  en la formación del abogado que la sociedad necesita y promover acciones  reales la defensa de los derecho humanos

Estos serian, entre otros  los compromisos que deberíamos asumir desde la Escuela de Derecho para cumplir con el gran reto de colaborar con la construcción de un orden más justo y humano.

Enemigos actuales

Para bordar los compromisos  antes citados debemos estar conscientes de que en el camino nos encontraremos con muchos enemigos. No vivimos momentos fáciles, todo lo contrario y hay múltiples factores que perturban tanto a la sociedad como al individuo: En lo social, las grades desigualdades delatan una inmensa justicia social y son causa importante de la mayoría de los males.  En lo individual, el miedo, la frustración y la sensación de que la vida no tiene sentido agobian al hombre de hoy  Es decir, los traumas sociales son múltiples y para abordarlos  adecuadamente tendríamos que conformar un equipo multidisciplinario. Por eso en los escasos minutos que me quedan solo voy a destacar dos enemigos reales que atentan contra  los ideales  de instalación de una sociedad justa. La violencia y la arbitrariedad.

Decía Aristóteles que la sociedad justa se caracteriza por un equilibrio armónico que se mantiene por la observancia cabal de las leyes de la polis. Pero lo contrario al equilibrio armónico es el desorden que proviene de la violencia.  La inseguridad se traduce en el temor de que en cualquier momento se puede ser víctima de un acto violento. Pero el problema que se observa es que la violencia no está solamente en los otros  que pueden amenazarnos, sino en nosotros mismos, es decir en todos los que vivimos una especie de cultura de la violencia  que se erige como uno de los peor enemigos del derecho; en efecto: el paradigma  de hoy en nuestra sociedad no es el de el hombre justo y virtuoso, sino el “alzado que no se  cala ni acepta nada”. Más que reclamar derechos el hombre de hoy lo que pretende es imponer voluntades que es muy diferente. Vivimos en una de las sociedades donde el irrespeto por las normas es una realidad que se verifica desde diferentes niveles; desde lo más insignificante como es respetar el turno en una cola, hasta la agresión familiar, el  hurto el secuestro o el asesinato.  Por lo tanto uno de los primeros enemigos que hay que derrotar es esa cultura de la violencia que hoy embarga a todos los sectores de la sociedad. Estamos conscientes que, abordar este tema es un reto inmenso, pero lo peor es instalarnos en esa actitud de honestidad indiferente, que no se compromete con nada. La defensa de los derechos es más que un deber profesional es una actitud personal de buen ciudadano.

 El otro enemigo del derecho es la  arbitrariedad de la autoridad. Observamos con mucha preocupación, como  los funcionarios encargados de cumplir tareas jurídicas sustituyen las normas por criterios personales que desatienden la voluntad general de la ley por la voluntad particular y arbitraria que se funda solo en el poder. Nos preocupa la reiterada queja de que “no hace falta  estudiar porque a fin de cuentas lo que vale es lo que digan los fiscales o los jueces. Esta sensación de impotencia es muy peligrosa, y atenta seriamente contra la idea de un estado de  derecho real,  donde lo importante sean  las normas y no las relaciones los favores o la astucia

 Creo  sin temor a equivocarme que estos son los principales peligros de  los grandes retos de nuestra escuela  en los próximos años, la cultura de la violencia y la arbitrariedad, que se convierten en un terreno poco propicio para la siembre de los grandes ideales jurídicos.  Para enfrentar estos retos es necesario asumir un compromiso social que va mucho más allá de la visión individual y reducida del ejercicio individual de la profesión.

De todo corazón quiero agradecerles su colaboración con la construcción de esta obra y termino con otra  reflexión extraída de la lectio brevis, cuando nuestro rector nos dice, que  en nuestra universidad no debe ser tabú discutir sobre el sentido de nuestra vida.  Me decía una estudiante que quería darle más sentido a su  vida trabajando por los demás inscribiéndose en una conocida  ONG. Le respondí que me alegraba su vocación y le deseaba suerte en su propósito. Pero que pensara que, si hay una carrera que permite la realización personal luchando por los derechos de los demás es la abogacía, siempre y cuando aprendamos a ejercerla a plenitud. Veamos el ejemplo de los grandes juristas de la historia, si se hubieran conformado con aprender un oficio para ganarse la vida  no estarían presentes entre nosotros cada vez que tenemos que ponerlos como ejemplo de la lucha por la evolución del derecho y la justicia. Estimados compañeros ucabistas los retos de la escuela no son solo retos institucionales sino desafíos personales para involucrarse  una de las empresas más nobles e importantes de nuestra especie la lucha por la dignidad  del ser humano

Dice Javier Aranguren, que responder  de una manera convincente a la pregunta sobre el sentido de la vida, exige tener una tarea que nos ilusione y nos enfrente con las grandes verdades: se es hombre cuando se tiene saber teórico y capacidad práctica para responde  a  estas tres preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Qué debo hacer?  Pensemos en ello y no perdamos la oportunidad que nos ofrece la vida.

Hablar de la abogacía con orgullo

Los abogados no tienen quien les escriba

El pasado domingo se celebró el Día Nacional del Abogado; una fecha que poco a poco va desapareciendo como celebración importante, de la misma manera en que “la autoestima” de esos profesionales va disminuyendo por la incomprensión social que hay hacia ellos. Hace algunos años, el Día del Abogado era todo un acontecimiento en el gremio, inclusive, en más de una ocasión la celebración duró toda una semana, realizándose en ella jornadas de mejoramiento profesional, eventos deportivos e intercambios culturales, para cerrar con la sesión solemne del día 23 y la gran fiesta donde los colegios “botaban la casa por la ventana”. Hoy todo eso parece que está destinado a quedar guardado en el álbum de los recuerdos nostálgicos de la abogacía de ayer.

A través de los años, la profesión del abogado ha sido objeto de una comprensible crítica en virtud de su complejidad y los conflictos que tiene que manejar. Hasta el arte se ha ocupado de ella y más de una poesía se ha dedicado a expresar sentimientos de frustración por la conducta de algunos “letrados”. Uno de los ejemplos más palpables de esto lo tenemos en San Ivo, patrono de los abogados, conocido por el dicho: San Ivo era bretón. Era abogado y no era ladrón. Santo Dios: qué admiración.

Pero más allá de lo anteriormente comentado, la abogacía es la profesión que tiene como objetivo el mayor anhelo del hombre: la construcción de una sociedad justa: puede haber mucha salud, con el progreso de la medicina, o hermosas ciudades con los avances de la ingeniería, y ni se diga de la informática o las telecomunicaciones, pero si no hay justicia todo lo demás es insuficiente: un insigne luchador por la conquista de los derechos civiles, Martin Luther King, dijo en una oportunidad, palabras más, palabras menos: “El hombre ha aprendido a viajar por el espacio y llegar a la luna, pero no ha aprendido a vivir en paz con su hermano”.

Es muy difícil hablar de las conquistas morales alcanzadas por el hombre en la lucha por su dignidad sin hablar de los abogados: Tomás Moro, Gandhi, o más recientemente, Nelson Mandela, entre otros, son solo un ejemplo de ello.

El día del abogado no es una fecha más de las tantas que se inventan hoy para justificar todo tipo de celebraciones. Es el momento adecuado para reflexionar sobre un oficio que pretende establecer en la sociedad un orden jurídico que propicie una convivencia armoniosa. El problema es que, que en estos tiempos de tecnicismo y velocidad postmoderna, los gremios y las universidades se ocupan de los detalles, pero se olvidan de la esencia de las cosas; transmiten la idea de que la abogacía es simplemente una forma de ganarse la vida cuando realmente es mucho más que eso.

Me decía un amigo que, “los buenos abogados y la justicia tienen mala prensa: el ejercicio honrado de la abogacía o la sentencia justa no salen en los diarios porque no son noticia. Esta sociedad hipócrita habla mucho del bien, pero realmente lo que le gusta es el mal”. No voy a suscribir totalmente esa idea, pero estoy de acuerdo en que hay que prestar mayor atención a la labor que cumplen hombres y mujeres que han convertido la profesión de abogado en un apostolado que sueña con la justicia. Por eso, en este momento especial, ante el temor de que sean injustamente ignorados, les dedico estas líneas de agradecimiento y admiración, deseando a todos mis colegas que pasen un feliz día y que nunca disminuya en ellos el orgullo de ser abogados. (Publicado en El correo del Caroní el 25 de junio de 2013)

El trato a los abogados

Me cuenta un novel abogado que, la primera vez que asistió a una oficina pública fue tratado de manera tan humillante que casi abandona la profesión: dice que al llegar, como había mucha gente, se acercó al funcionario que estaba a cargo para solicitar información identificándose como abogado y, de manera grosera el hombre le contestó: “Y qué, yo también soy abogado; haga la cola como todo el mundo”, No sé si el funcionario de la anécdota tenía razón y el solicitante tenía que hacer la cola, pero su respuesta es inaceptable. Este y otros casos similares obliga a hacer una reflexión sobre el trato que deben recibir los abogados que asisten a tribunales u otras oficinas públicas.

Hay que comenzar por destacar que en el ejercicio de su profesión, los abogados tienen derecho a un trato preferente, y esto no se debe a que sean personas más importantes, si no que por la importancia de su oficio,  las normas que rigen la materia así lo establecen. La actividad abogadil está estrictamente regulada por la Ley de Abogados y el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano. Este último, en el artículo 8 establece que el abogado “En su condición profesional y como representante de terceros, tendrá derecho ante los órganos público a una atención preferente en cabal cumplimiento de su ministerio” Por otro lado, el artículo 58 del mismo Código señala que, “Si un funcionario público es abogado, por espíritu de confraternidad, deberá atender a su colega en ejercicio de su gestión profesional, con prioridad y debida cortesía”. Además de lo anterior, es importante recordar que, por disposición expresa del artículo 253 de la Constitución Nacional, los abogados forman parte del sistema de justicia. Por lo tanto, aspirar a un  trato preferente no es un capricho, ni una pretensión deshonesta, es un derecho que concede la constitución y las leyes para facilitar su labor en defensa de los intereses ciudadanos y contribución en la búsqueda de la justicia. 

Pero de igual manera que el abogado en ejercicio tiene derecho al trato preferente y respetuoso, el funcionario público también tiene derecho a ser tratado con cortesía, porque el hecho de que ocupe un cargo público no quiere decir que ha renunciado a su dignidad como persona. Hay que reconocer que  últimamente está apareciendo un “modelo de abogado” que dista mucho de lo que pretenden las normas éticas del ejercicio profesional; me refiero a “el alzao”: la persona que ante cualquier circunstancia responde de manera agresiva, convirtiéndose en enemigo automático de cualquier persona que no esté de acuerdo con él. Ni lo uno ni lo otro: ni el abogado sumiso que no defiende sus derecho con energía, ni el “alzao” que cree que el carácter violento es la mejor llave para abrir todas las puertas”

En este tiempo que nos toca vivir, en que la violencia verbal se convierte en un grave problema de comunicación, hay que rescatar la cortesía en el ejercicio de abogacía; y esto no debe ser interpretado como signo de debilidad, todo lo contrario: cuando la firmeza va acompañada de la cortesía genera respeto; cuando por el contrario, se apoya en la violencia, desencadena en el odio. Si queremos  trabajar para rescatar el ambiente que debe imperar en el ejercicio de nuestra profesión, comencemos con el trato que deben recibir los abogados, sean funcionarios públicos o litigantes.

La reivindicación de la abogacía

Quince años después de haber pronunciado el discurso que publiqué anteriormente, fui invitado nuevamente por la Delegación de abogados de Caroní a pronunciar el discurso de orden  correspondiente al día del abogado del año 2011. En ese momento ya había dejado el cargo de juez y había estado 10 años al frente de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana. Esta experiencia cambió un poco mi percepción en referencia a la abogacía, pero la ideas y las preocupaciones siguen siendo las mismas. Aquí hago un análisis de lo que a mi juicio ocurrió en esos quince años; lo que se logró y en lo que se falló  y, más importante aún, los retos que todavía tenemos pendientes de cara a la sociedad.

Discurso con motivo del Día Nacional del Abogado

Ciudad Guayana, 23 de junio de 2011

Ser orador de orden en este día y en este momento no solo es un honor, también es un compromiso. La conmemoración del Día del Abogado debe ser hoy y siempre una fecha especial para el gremio: es el momento de la exaltación de los grandes valores de nuestro oficio y a la vez una oportunidad para hacer justo reconocimiento a los ilustres colegas que con su quehacer han honrado a nuestra profesión. Pero además es un momento en que el compromiso con la verdad nos obliga a decir lo que hay que decir y no limitarnos a decorar el acto con hermosas citas o frases elegantes. Por lo tanto, quiero aprovechar la ocasión en que se celebra el 50 aniversario de la fundación de Ciudad Guayana para recordar la creación de esta Delegación y a los colegas que la fundaron, luego  me referiré a la evolución del derecho y la abogacía en los últimos 15 años y terminaré haciendo una reflexión sobre el futuro de nuestro oficio.

El próximo 2 de julio, Ciudad Guayana cumple 50 años. En un artículo que escribí recientemente para el periódico de la Ucab  Guayana, manifesté que los años sesenta  fueron fundamentales para la creación de Ciudad Guayana, porque en ellos se construyó la institucionalidad de la nueva ciudad: se creó la  Corporación Venezolana de Guayana, el Distrito Caroní, se  funda Santo Tomé de  Guayana y entre muchas otras cosa de innegable importancia, el 5 de agosto de 1969 se constituye la entonces denominada Delegación de Abogados de Ciudad Guayana, cumpliéndose así un anhelo de un grupo de pioneros del derecho residenciados la naciente urbe. La primera junta directiva quedó constituida así: presidente Gilmer Durán, Secretario Brigido González Valderrey, Tesorero: Rosario Kepp Esquivel, Primer Vocal: Manuel Felipe García  y segundo Vocal Arístides Maza tirado.

El 21 de agosto de 1969, se instala formalmente la junta directiva de la Delegación y el discurso de orden fue pronunciado por el amigo y colega Hermes Pírela Linares, físicamente desaparecido, pero siempre presente en espíritu gremial, quien con verbo elegante destaco la importancia del abogado para la construcción de la nueva ciudad diciendo:

"Quién mejor que el abogado para orientar desde las bancas del parlamento la trasformación y el progreso de la sociedad mediante leyes que recoja y plasmen sus ansias de renovación de justicia; quien, en mejores condiciones que él para dirigir la acción de gobierno con miras al bien común; quien mejor capacitado que él para encauzar la administración por derroteros de eficiencia que se traduzcan en adecuada y oportuna satisfacción de necesidades colectivas y por ende en factor de equilibrio y paz social sin menoscabo de los derechos de los administrados; quien más apto que él para impedir que naufrague la fe en las instituciones, la confianza en los magistrados y el respeto a la ley"

Así comenzó esta Delegación de abogados, con una exhortación a cumplimiento de las más elevadas funciones de la abogacía: Así veían nuestros pioneros los retos de la naciente Ciudad Guayana. Esa era la tarea que esperaba y espera de nosotros nuestra colectividad:

Leyes justas; recta administración orientada al bien común; equilibrio y paz social, consolidación de las instituciones y respeto a la ley.

¿Qué ha pasado en estos años en el país y en nuestra ciudad? 23 enero de 1996,  la Junta Directiva de esta ilustre Delegación me designó como orador de orden del Día  del abogado. En Aquella oportunidad el acto se celebraba en sesión solemne de la Alcaldía del Municipio Caroní. Al igual que hoy, eran tiempos de retos porque la sociedad reclamaba soluciones a graves problemas que atravesaba  el funcionamiento del Estado de Derecho:

La administración de justicia estaba gastada y cansada por una forma de ejercer el derecho  mecánica y en ocasiones absurda; eran tiempos del imperio del positivismo y la interpretación literal; se consideraba que las leyes no respondían cabalmente a las necesidades sociales y la interpretación jurisprudencial en ocasiones se tornaba incomprensible y absurda.

Un ejemplo emblemático de la situación fue la reforma del código civil de 1916 por el vigente de 1986. En su exposición de motivos el legislador aclara, que estaba consciente de los avances alcanzados por el sistema oral, pero no quiso incorporarlo ordenamiento, porque no sea adecuaba a la cultura jurídica nacional. Esto causó un mal sabor en el gremio  porque se estaba sacrificando la excelencia por mantener prácticas y costumbres atrasadas. 

Por otro lado las interpretaciones y cambios jurisprudenciales siempre implicaban un retroceso: cualquier avance que introducía la legislación procesal se perdía cuando tocaba la aclarar dudas al respecto, siempre se regresaba al espíritu del código de 1916. Se incorporó tímidamente un complejo procedimiento especial oral que prácticamente nunca se aplicó. En conclusión, el derecho funcionaba de manera lenta y atrasada en relación con la dinámica social, y  como consecuencia de ello, la ciudadanía lo consideraba con algo inútil  para resolver  los conflictos.

Ahora bien ¿qué ha pasado en estos 15 años? Hay que comenzar por destacar que, los logros alcanzados en la transformación del sistema jurídico fueron realmente importantes. En 1999, se promulga la vigente constitución. Esta carta magna, no solo representa un avance importante en materia de derechos humanos, sino  que introduce el derecho a la  tutela judicial efectiva, perfila de mejor manera el debido proceso, rechaza el formalismo inútil crea la Sala y la interpretación constitucional y, lo más importante da el salto hacia la oralidad, que tanto se reclamaba. Por otro lado aparece un cuerpo importante de leyes que vienen a adecuar un ordenamiento jurídico atrasado con la vanguardia legislativa mundial, como es el caso de la Lopna, el Coop, la Lotra etc. En conclusión, se ha avanzado bastante en lo que a la legislación se refiere.

Se puede decir que los cambios esperados se produjeron, pero me pregunto ¿estamos mejor que antes?. Evidentemente que no. Y esto nos es una apreciación personal, basta con hacer una sencilla encuesta a las puertas del Palacio de Justicia para apreciar el desencanto que existe hacia la administración de justicia. Inclusive, un conocido diputado que forma parte del partido de Gobierno, afirmó el domingo pasado que, donde menos ha avanzado la revolución es en la transformación del Poder Judicial, que según su opinión se encuentra en coma por causa de las mafias y la corrupción.

¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué razón si se realizaron los cambios reclamados en el pasado hoy estamos peor que ayer? Las razones son diferentes. Indiscutiblemente la primera y principal es problema ético, que afecta a todos los sectores de la vida nacional. Una sociedad que ha perdido el interés en la formación de ciudadanos  comprometidos con los valores que la sustentan, cosecha lo que estamos viviendo. Cuando en la actividad política, en la función pública, o en la relación ciudadana o familiar, se valora más la astucia o la viveza que  la virtud, no podemos esperar otra cosa que este canibalismo moral que todo lo corroe. ¿Qué espera de una sociedad que admira más al vivo que al honesto? Hace algunos años me dijo una persona que, el derecho no se aprende en las universidades sino en los pasillos de los tribunales, viendo como se “bate el cobre” Esta es una de las causas de la situación a la cual hemos llegado.

Pero además de la crisis moral que nos agobia, hay otros problemas puntuales que impactan de manera negativa tanto en el funcionamiento del sistema de justicia como en el ejercicio de la abogacía: la resistencia al cambio, sustitución de las normas por los criterios u opiniones personales y manipulación política del derecho. Uno de los males que arrastra la abogacía y la judicatura es el rechazo a los cambios. Pueden cambiarse todas las leyes, pero si no cambia la mentalidad del que las aplica, las cosas seguirán siempre igual. De nada vale que se haya establecido un procedimiento oral, si los jueces retardan injustificadamente los juicios y estos siguen siendo lentos y a veces eternos. 

Otro grave problema que se vive en la actualidad es la sustitución de las normas por los criterios personales. El contenido de las leyes, es constantemente desaplicado por la opinión de los funcionarios. Un destacado jurista del centro del país, dijo en tono irónico en un foro celebrado en Ciudad Bolívar, en diciembre de 2008 que, los pensum de estudio de las universidades debían incluir una materia que se llame “Aquí se hace así”. Porque en la actualidad lo que rige en las oficinas públicas no son las reglas de procedimiento  legal sino la opinión de los funcionarios, que le imponen a los ciudadanos obligaciones que no están en las leyes.

Pero lo más grave es la manipulación política del derecho. La forma como la legislación y la jurisdicción se inclinan a favor del proyecto político que gobierna el país. Esto no solo es injusto en atención al derecho de los ciudadanos, sino que está acabando con la  institucionalidad. Los juristas que defiende el proceso, afirma que estamos ante un nuevo derecho, que sirve de instrumento para los cambios que conducen al país hacia el socialismo del siglo XXI. Sería interminable describir la cantidad situaciones que demuestran los efectos nefastos de esta forma de actuar. Creo que  lo importante en este acto, es llamar la atención de que esta manera de entender el derecho no es nueva, ya ha sido experimentada en otros tiempos y lugares, fracasando rotundamente como lo demuestra la historia. La vieja tesis marxista, de que el derecho era expresión de una estructura burguesa que desaparecería con la instalación del estado Socialista,  fracasó en 1935, cuando los jueces rusos que habían cerrado los tribunales se vieron obligados a abrirlos porque sin administración de justicia las sociedades no puede sostenerse; la tesis neo marxista del uso alternativo del derecho, que tuvo vigencia en los años 70 después del congreso de Catania, y que sostenía que la labor de los jueces era corregir las desigualdades producidas por el Estado de Derecho burgués, duró poco tiempo, porque la experiencia demostró que, el imperio de la ley con todos sus defectos siempre es mejor que la voluntad de un solo hombre; el llamado neo marxismo fuerte, que sostiene que el derecho es un instrumento de la clase dominante está viviendo sus últimos días, porque su aplicación acaba con una de los fines más elevados del derecho como es la seguridad jurídica.

En conclusión, Cuarenta años de experimentos políticos pretendiendo manipular el derecho han fracasado  produciendo una vuelta a la  vieja pero incuestionable idea de que el único objetivo del derecho es la búsqueda de la justicia. Y cuando hablamos de buscar la justicia  no caemos en un idealismo absurdo que no tiene asidero en la realidad. No, no nos quedamos en la interminable especulación filosófica, creemos que la justicia se puede alcanzar perfectamente siguiendo la afirmaciones del jurista más importante del siglo XX  Hans Kelsen:

La justicia se encuentra en aquel ordenamiento social bajo cuya protección pueda prosperar la búsqueda de la verdad. Mi justicia es la justicia  de la libertad, la justicia de la democracia; en una palabra, la justicia de la tolerancia.

Comencé mi intervención destacando que  en el primer discurso que se pronunció en esta delegación, se dijo que el compromiso del abogado guayanés era consolidar las instituciones y velar por el respeto a la ley.  Hoy después de 40 años tenemos un compromiso mayor:

1. Hay que trabajar para rescatar la institucionalidad y procurar que nadie esté por encima de la ley, porque esto no es una característica del derecho burgués, es la piedra angular del Estado de Justicia;
2. Hay que recuperar el prestigio de lo jurídico en la vida social. Que los ciudadanos vuelva a creer en sus abogados, sus jueces y sus leyes. 
3. Hay que elevar la calidad del ejercicio de la abogacía al extremo de  que sus actuaciones se convierta en algo digno de ser tomado en cuenta  por la sociedad.
4. Hay actuar con fortaleza evitar que las presiones políticas o económicas acaben con lo que queda de Estado de Derecho
5. Hay recuperar el espacio  para el ejercicio honrado de la abogacía, siendo ejemplo de rectitud y probidad

Sé que más de uno pensará que esto no es más que un bello discurso divorciado de la realidad, porque en este desbaratado mundo si no se combate con las mismas armas del enemigo, la derrota está asegurada. Esta forma de pensar es el terreno  donde han nacido todos los males que hoy estamos padeciendo. Escogimos una profesión que no es cómoda, porque el derecho es lucha permanente, como decía Ihering, ningún derecho se obtiene gratuitamente, todos los derechos que hoy disfrutamos fueron alcanzados por las luchas de nuestros antecesores. Ojala que todos estemos a la altura de la lucha que hoy nos toca librar,  si no lo hacemos no mereceremos llamarnos abogados, porque como reza el famoso dicho” solo merecen la libertad y la vida quienes cada día luchan por alcanzarla.

 Hoy celebramos el Día Nacional del Abogado mientras unos lo ignoran por completo y no le dan importancia, otros están aquí honrando a este noble oficio. Me atrevería a decir que, si esta profesión se mantiene, es por la fe que todavía muchos  tienen en el derecho, porque a pesar de todo, el derecho a demostrado que es inmortal y permanece soportando eternamente los ataques del poder y la arbitrariedad. 

Apreciados colegas, estoy seguro de que vendrán tiempos mejores, Pero mientras tanto, luchen por su profesión, que en definitiva es luchar por la justicia, y que nadie nos quite nunca la satisfacción de decir con  orgullo que somos abogados. Felicitaciones y que  Dios los bendiga.

La abogacía una profesión en crísis permanente

El ejercicio de la abogacía no ha sido precisamente un camino de rosas: a través de la historia a enfrentado justas críticas por las acciones que deshonran la profesión, pero también ha sido injustamente descalificada con generalizaciones que no reconocen el trabajo honesto de los abogados. El abogado es el colaborador más importante en la construcción de una sociedad justa, pero como esto es una tarea pendiente en la convivencia humana, la crisis de la justicia en general afecta seriamente el ejercicio del derecho produciendo desconfianza y escepticismo hacia los abogados. Hoy, comenzando el año 2014, se puede afirmar que no corren buenos tiempos para los abogados y, ante esta situación, quienes creemos y queremos esta profesión estamos obligados a trabajar para colocarla en el lugar que justamente se merece. Ese es el objetivo principal de esta página. Voy a comenzar reproduciendo un discurso pronunciado en 1996, donde hago algunas reflexiones que preocupaban a nuestro oficio en aquellos momentos, con esto quiero destacar qué, no estamos ante un problema nuevo, sino ante una crisis que en el tiempo se ha agravado.

Discurso de orden con motivo del Día del Abogado, el 23 de junio de 1996

El nuevo abogado

Cuando la Junta Directiva de la Delegación de Abogados del Municipio Autónomo Caroní me informó que había sido designado como orador de orden para esta sesión solemne, me embargaron sentimientos contradictorios: por una parte, la emoción natural de sentirme honrado con esta distinción y, por la otra, la preocupación por la escogencia del tema a tratar. Inicialmente pensé centrar mi atención, en resaltar las virtudes de nuestra profesión y analizar el noble espíritu de Don Cristóbal Mendoza, cuyo natalicio es el  motivo por el cual se celebra hoy el Día Nacional del Abogado. Pero las difíciles circunstancias que atraviesa el país, y el reclamo que se nos hace a los abogados, para mejorar la administración de Justicia, me hicieron desistir de este propósito y asumir un análisis objetivo del rol que hoy cumplimos en la sociedad, y lo más importante, cual es el que debemos cumplir.

No voy a hablar de la crisis de valores que afecta a toda la sociedad, ni de la lógica materialista que nuestro sistema de vida impone en perjuicio de la dignidad del hombre. Voy a ocuparme de un problema más concreto y estrictamente jurídico, que a mi manera de ver las cosas, es el responsable de que la profesión de abogado haya caído en el descrédito. Me refiero a cierta “filosofía jurídica” que se resiste a aceptar, que las nuevas ideas penetren en el mundo del derecho, sometiendo a los juristas a una especie de esclavitud intelectual, que solo les permite moverse dentro de un marco  formado por la interpretación literal de la ley, la autoridad de la doctrina y el infalible criterio de Casación, olvidando que el derecho regula la vida de los ciudadanos y dentro de este contexto siempre debe interpretarse.

Recuerdo las palabras del Doctor Antonio Reyes Sánchez en el brillante discurso que pronunció el año pasado, tal día como hoy, cuando hacía referencia a la credibilidad de nuestro oficio, que  desciende por debajo de la de otros, no tan profesionales. Este sentimiento, no solo lo palpamos en el ámbito nacional. El Jurista español Luis Muñoz Sabaté, sostiene, que la sociedad cada día se muestra más satisfecha de sus médicos, químicos, ingenieros etc., pero cuando recurre a la esfera del Derecho para solucionar alguno de los conflictos jurídicos, sale de la misma, casi siempre, con la impresión de que, es un mecanismo anticuado e inútil, que no sirve para cubrir las necesidades de nuestro tiempo. Considera el citado autor, que esta situación hace brotar serias dudas sobre la eficacia de nuestra disciplina, e inclusive a los más sensibles les produce cierto complejo de inferioridad.

Pero no todas las críticas están en este tono moderado, la profesión de abogado ha sido objeto de duros calificativos, de los cuales me permito citarles las palabras de Florynce Kennedy que señala "La nuestra es una sociedad prostituta. El sistema judicial, y más especialmente la profesión de abogado, es un prostíbulo que presta servicios a aquellos que están en mejor posición de pagarse los lujos que la justicia ofrece a sus clientes preferidos."

Ante afirmaciones como la anterior, no pueden los amantes del Derecho y mucho menos los abogados permanecer indiferentes. No hay que olvidar, que el Derecho es de importancia tal que sin él no existiría la sociedad, y aunque no quieran reconocerlo los detractores de nuestra disciplina, el cuerpo social se mantiene gracias al Derecho, que es el regulador del nacimiento, vida, relaciones y extinción de las personas y de las instituciones. Ahora bien, si el Derecho es quien mantiene latente el orden social, ¿por qué es considerado como una disciplina inútil? La respuesta es sencilla: el derecho regula las relaciones sociales mientras no entran en situación de conflicto, pero, cuando éste se produce el sistema procesal empleado no está a tono con las necesidades del hombre moderno.

El hombre de hoy considera a la "eficacia" como un valor que debe tomarse en cuenta en todas las actividades de la vida y la justicia no puede ser ajeno a esto. No se contenta con el simple reconocimiento de sus derechos sino que aspira a que estos sean realmente protegidos. Como dice Jorge Walter Peyrano "Los Justiciables de hoy ya no se contentan con una justicia "proforma" o con sentencias líricas. Se ha dicho que "... la apetencia de justicia real que impregna el ánimo del hombre de hogaño, dista mucho de la resignación del hombre de antaño que, habitualmente baja su cerviz ante el hecho consumado de la injusticia perpetrada en su detrimento... Vivimos en una época que resultaría del beneplácito de Ihering. Aquí y ahora se lucha por el propio derecho de manera encarnizada" Pareciera que el imperativo de la hora consiste en reclamar nuevas herramientas y nuevas soluciones jurídicas capaces de abastecer el  valor "eficacia" para que así resulte - en definitiva - eficazmente surtido, el valor Justicia."

Planteado el problema en estos términos, puede pensarse que la solución está al alcance de la mano, simplemente modernizando las instituciones procesales, para que los juicios se desarrollen de acuerdo con las necesidades sociales. Así lo perciben los distintos sectores de la sociedad civil, cuando plantean como una de las soluciones urgentes para salir de la crisis que atraviesa Venezuela, la reforma del sistema de administración de Justicia, presentando para ello varias fórmulas, una de las cuales parte de la modificación de la normativa actual, desde el mismo texto constitucional hasta las demás leyes.

Pero, la idea de que solo con nuevas leyes vamos a mejorar el sistema judicial es, a mi juicio, una mera ilusión. La modernización de la legislación es necesaria, pero no es determinante para obtener el cambio esperado. Hace falta algo mucho más importante, hay que producir un cambio de mentalidad en las personas llamadas a legislar, interpretar y aplicar la ley, provocando una forma de entender el derecho más acorde con los tiempos que corren. Para demostrar lo que aquí les afirmo voy a hablarles de la experiencia vivida.

En el año de 1986 entra en vigencia un nuevo Código de Procedimiento Civil que sustituye al vigente para aquel entonces, cuya data era de 1916. El nuevo instrumento jurídico presentaba una serie de reformas en relación con el Código anterior que prometían procedimientos más eficaces  para la administración de justicia en materia civil. Entre otras cosas, se sostenía que los juicios serían más rápidos pues los cómputos se realizaría por días consecutivos y se eliminaban las vacaciones judiciales; se acabaría con el vicio de presentar demandas inadmisibles o innecesarias, pues el juez debía pronunciarse sobre su admisión y el actor estaba obligado a gestionar la citación de inmediato; se le daban facultades al juez para buscar la verdad más allá de los elementos que le aportan las parte y a sancionar las deslealtades procesales. Pero para hoy, a diez años de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento, parece mentira que su filosofía no haya llegado todavía a los tribunales, donde habita el espíritu del legislador de 1916.

La doctrina de Casación acaba con los cómputos de los lapsos por días consecutivos; sostiene que si el actor paga los aranceles judiciales no tiene porque gestionar la citación; el Congreso reforma el articulo 201 y vuelven las vacaciones judiciales; en los tribunales los autos de admisión de las demandas dictados bajo la vigencia del Código derogado son idénticos a los que se dictan hay en día; el juez escasas veces hace valer las facultades probatorias de oficio y mucho menos las sancionatorias al litigante desleal. Es decir, cambiamos las leyes pero seguimos igual, pues la mentalidad con que Se interpretan no ha cambiado. Esto ya había sido advertido par el Dr José Rafael Mendoza, en obra publicada en e1 año 1987 con motivo de la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Civil, donde expresaba: "A menudo se culpa a las leyes de la crisis en la administración de justicia. Para quiénes hemos sido Jueces por muchos años podemos afirmar que esa es una excusa; lo que está planteado es un cambia de mentalidad en el Juez”

Hay quienes se resisten al planteamiento anterior, con el argumento, de que el derecho, y específicamente el procesal, es una ciencia que se rige por una serie de principios que debe observar la decisión judicial, y que las sentencias, aun cuando no satisfagan al colectivo deben ceñirse exclusivamente a los postulados de la ciencia jurídica.  Posiciones como ésta  provocan la amonestación del famoso jurista  Scialoja en el sentido que, hay que hacer ciencia procesal útil, sosteniendo que "muchas veces, el procesalista latino deslumbrado par los cielos de la abstracción pierde contacto con la realidad de todos los días; realidad que podrá ser rutinaria y enfadosa, pero que es insoslayable. Cuando se teoriza, es preciso apoyar por lo menos un pie en la tierra" Esto es esencial, lo legal no puede estar apartado de lo real.

Pero ustedes se preguntarán, concretamente, ¿cual es esa mentalidad que estoy criticando y a la que le atribuyo la responsabilidad del descrédito del derecho? Aquella que – con la mejor intención - sostiene que, la función primordial del derecho es la certeza, la cual se garantiza exclusivamente con leyes, que debe tener una sola interpretación, pues así se preserva la seguridad jurídica. Si esto fuera así, no nos encontraríamos cada mes con frecuentes cambios de jurisprudencia que llenan de hojas negras los repertorios de Casación, donde podemos observar como una misma norma de procedimiento es interpretada inicialmente de una forma, y posteriormente se abandona el criterio por otro que parece mas apropiado a nuestro máximo tribunal.

Hoy, hasta los más acérrimos defensores del positivismo jurídico aceptan que el derecho es mucho más que la ley. Bueno es aclarar que, una cosa es ser positivista y otra “literalista”. Desde tiempos del historicismo, se afirma que, el Derecho es lo que la sociedad quiere que los hombres hagan y debe interpretarse desde este punto de vista. Es un instrumento destinado a organizar la sociedad, que debe afinarse a medida  que las necesidades de ésta así se lo exijan, en un proceso de creación permanente, muy diferente a una concepción estática, fundada en una serie de “fórmulas inmutables”, muchas veces solo conocidas por los más instruidos en la ciencia jurídica.

Por lo anterior, necesitamos con urgencia un cambio de mentalidad en nuestros juristas, referente a la forma de interpretar el derecho. Podemos aceptar que quienes desconocen la raíz del problema mantengan la ilusión de que con el cambio de legislación desaparecerán los "males de la justicia". Nosotros sabemos que esto no es así. Para que nuestra disciplina asuma el rol que le corresponde en la sociedad, como garante de las relaciones armoniosas entre los hombres, se debe producir una verdadera revolución de tipo ideológico, cambiando los criterios que norman la actividad jurídica por un nuevo paradigma de la abogacía.

El planteamiento anterior es un clamor universal, surgido dentro del seno de nuestra disciplina, que es de donde únicamente se puede originar el cambio tan ansiosamente esperado y deseado. En este sentido me voy a permitir leerles un breve párrafo del discurso pronunciado e1 4 de mayo de 1995 por el Jurista peruano Fernando Trazegnies Granda en la Academia Peruana de Derecho: "Una Filosofía dinámica del derecho como la que quiero proponer aquí, tiene por eso que alzarse irrespetuosamente contra todos los valores establecidos y todas las autoridades paternas, para recuperar la libertad, la originalidad, la capacidad de creación y, consecuentemente, la plena responsabilidad de sus planteamientos. El jurista no puede ser el servidor sumiso del legislador de la Escuela o de la Doctrina aceptada sino que tiene que asumir el papel de héroe trágico y proseguir a su propio riesgo, la tarea de  creación permanente del Derecho.”

Se habrán dado cuenta, de que no he hablado ni de la corrupción, ni de los padecimientos que sufren los abogados en el ejercicio de su profesión, pues no he querido entrar a analizar las patologías sociales que igualmente afectan a nuestra disciplina para que ello no se interprete como una justificación de los eventuales errores que podemos haber cometido. Es más, en virtud de que actualmente ocupo el cargo de juez, me he cuidado de no tocar el tema referente a la problemática del Poder Judicial, pues considero que esta tribuna y este día, están reservados a la voz de lo que somos por encima de todo: simplemente abogados. Aunque no puedo dejar de señalar, que al Poder Judicial se le cargan más culpas de las que tiene, inclusive se le quiere responsabilizar por la existencia de las grandes desigualdades sociales.

Desde el principio he afrontado la tarea de analizar las razones, por las que nuestra profesión ha caído en el descrédito, para concluir que lo que se impone es un cambio en la mentalidad en el jurista. Y más allá del beneficio gremial que esto pueda aportarnos, este cambio se traduciría en el surgimiento de un nuevo abogado que sienta el derecho de una manera diferente en beneficio de su colectividad. Hoy más que nunca Venezuela necesita un nuevo abogado; un abogado que piense y razone como jurista y no se limite simplemente a conocer el contenido del derecho positivo y de la Jurisprudencia; un abogado que asuma una posición más critica y realista ante el texto de la ley,  y que cuando le toque resolver un conflicto jurídico, no parta de la idea de que, siempre la ley ofrece la única solución correcta inclusive, que argumente en favor de la solución que considera más justa, aun cuando tenga plena conciencia que esta no es la que plantea el Derecho Positivo; un abogado que entienda la necesidad de  proteger al ciudadano común contra los atropellos que día a día  producen las fuerzas sociales, en lo cual el positivismo jurídico ha fracaso rotundamente, llegando al extremo de dar validez jurídica a actuaciones que constituyen verdaderos atentados contra la dignidad del hombre.-

Lo anterior podría ser, el perfil del abogado que el país necesita. No hablo de cambios de personas necesariamente, sino de actitudes pues creo que la razón habita  en el interior de todo hombre y en  algún momento tiene que surgir, como en los versos de Bécquer, "Cuantas veces así duerme el genio en el fondo del alma esperando una voz como Lázaro que le diga, ¡levántate y anda!.

Estimados colegas, hoy es un día de júbilo para los abogados, pero también es el momento obligado para una honda reflexión, ¿quienes somos y hacia donde vamos? ¿Nos contentamos con que el ejercicio de nuestra profesión sea simplemente una manera de ganarnos la vida, gestionando problemas ajenos a través de mecánicos procedimientos y aplicando principios cuya validez no nos atrevemos a indagar?, O, ¿estamos dispuestos a asumir el papel de héroes trágico y proseguir a propio riesgo la tarea de creación permanente del derecho, que mencioné anteriormente?. La decisión depende de nosotros. A muchos les parecerá, que exponer estas ideas en sociedades donde el mismo derecho se ve coaccionado por la fuerza, que en definitiva todo lo domina, es de un lirismo ridículo, y lo prudente es asumir aquella posición de mantenerse idealista si se trata de asuntos ajenos, pero actuar en forma práctica cuando se trata de los intereses propios. Ante esta lógica relativista de fin de siglo, el verdadero jurista no puede claudicar, y por encima de cualquier fracaso personal aparente, debe mantenerse firme en la intención de lograr un orden jurídico más justo y más humano, en una actitud de vida como la que hermosamente describía Helder Camara: Con la convicción gozosa de que tal vez, algún día la fuerza del derecho vencerá al pretendido derecho de la fuerza." Señoras y señores, feliz día del abogado, muchas gracias.

Ciudad Guayana, junio de 1996.